El sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años. El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019-noviembre de 2020) y la gestión actual de Luis Arce han usado una definición excesivamente amplia de “terrorismo” contra opositores políticos. No se han identificado a los responsables por los 36 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas sobre las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según testigos, fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes. Las mujeres y niñas siguen expuestas a un alto riesgo de violencia. Los pueblos indígenas continúan enfrentando obstáculos para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de medidas que pueden afectarlos. 

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