La discriminación racial estructural, la desigualdad, la criminalización del aborto y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional son problemas alarmantes en materia de derechos humanos. Las autoridades de la República Dominicana continúan implementando un fallo del Tribunal Constitucional de 2013, que despojó de ciudadanía a decenas de miles de dominicanos que descendían de migrantes, en su mayoría de origen haitiano. A través de un plan nacional que finalizó en 2018, se logró regularizar la situación de miles de migrantes. No obstante, muchas personas elegibles aún no han podido resolver su situación, y continúa la práctica de expulsiones y deportaciones ilegales, al igual que las dificultades para acceder al asilo en la República Dominicana.

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