Desde que asumió la presidencia, Nayib Bukele se ha empeñado en desmantelar las instituciones democráticas, incluyendo mediante el uso de militares para presionar a los legisladores a fin de que aprobaran un préstamo para las Fuerzas Armadas. Asimismo, utilizó su mayoría en el Congreso para destituir de manera sumaria y reemplazar a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, como también al Fiscal General. Su gobierno ha implementado medidas abusivas en respuesta a la pandemia de Covid-19, tales como imponer condiciones inhumanas a los reclusos. Además, ha creado un entorno hostil para los medios de comunicación.  

El Salvador tiene uno de los índices de homicidios más elevados del mundo, en parte, debido a la corrupción y la impunidad. Las fuerzas de seguridad del Estado han estado implicadas en abusos gravísimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y desapariciones forzadas. Las autoridades no han investigado delitos y han colaborado con pandillas. Las pandillas ejercen control territorial, extorsionan a los residentes y son responsables de la muerte, desaparición, violación sexual o desplazamiento de quienes les ofrecen resistencia. Se ha encarcelado por homicidio a mujeres y niñas que presuntamente tuvieron abortos. 

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