Policías, agentes del Ministerio Público, militares y grupos criminales en México regularmente cometen violaciones de derechos humanos de manera grave y generalizada. Estas incluyen detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes y ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. Estos delitos rara vez son investigados o penalizados. Pese a evidencias de que agentes de las Fuerzas Armadas son responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sucesivos gobiernos desde mediados de la década de 2000 han ampliado las funciones de estas fuerzas para incluir la lucha contra la delincuencia y el control de la inmigración irregular. También las han habilitado a reemplazar a autoridades civiles en la realización de tareas de seguridad pública en muchas regiones del país. El gobierno no ha adoptado medidas básicas para limitar la propagación del Covid-19, y debido a esto, México ha registrado una de las tasas de mortalidad más altas del mundo.

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