La excesiva concentración de poder en el ejecutivo ha permitido que el gobierno del Presidente Daniel Ortega cometa gravísimos abusos contra críticos y opositores con absoluta impunidad. En abril de 2018, agentes de la policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron de forma brutal a manifestantes, con un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y la detención arbitraria de muchos de quienes participaron en las protestas. Desde ese momento, el gobierno nicaragüense ha intensificado la represión contra la sociedad civil y periodistas independientes, y expulsado a varias organizaciones internacionales que monitoreaban la situación de los derechos humanos en el país. La respuesta del gobierno al Covid-19 no incluyó la implementación de las medidas recomendadas por especialistas mundiales de salud.

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