Agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas, en un contexto en el cual continúa la brutal represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hallaron evidencia de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país, la cual ha privado a millones de personas de acceso a atención médica básica y a una nutrición adecuada y ha dejado al país en una situación muy desfavorable para enfrentar la pandemia. Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, configurado así la mayor crisis migratoria de América Latina.

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