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Francia: Confirman condena a vicepresidente de Guinea Ecuatorial

La medida posibilita que los ecuatoguineanos recuperen recursos robados

Teodorín Nguema, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente Teodoro Obiang. © 2013 Jerome Leroy/AFP vía Getty Images

(París) – El máximo tribunal de Francia, la Cour de Cassation, confirmó el 28 de julio de 2021 las condenas impuestas en dos tribunales inferiores contra Teodorín Nguema Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo mayor del presidente de ese país, por malversación y blanqueo de fondos públicos, señalaron hoy Human Rights Watch y EG Justice.

La decisión pone punto final a más de una década de litigios y consolida el control de Francia respecto de activos robados valuados en cerca de EUR 150 millones (USD 177 millones), que deberán restituirse a Guinea Ecuatorial para su uso en beneficio de aquellos a quienes se privó de estos recursos.

“Hoy se obtuvo una gran victoria en la lucha por impedir que los cleptócratas se apropien de recursos públicos para financiar su ostentoso nivel de vida en el exterior, mientras que se niega al pueblo de Guinea Ecuatorial sus derechos sociales y económicos básicos”, expresó Sarah Saadoun, investigadora sénior sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Francia se suma ahora a Estados Unidos y Suiza como países que obtuvieron activos recuperados por un valor total combinado de USD 237 millones que deben restituirse en beneficio del público ecuatoguineano”.

El pronunciamiento de la corte pone fin a una causa por corrupción que iniciaron en 2008 contra Nguema Obiang dos organizaciones de lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional y Sherpa. En ese momento, Nguema Obiang era ministro de agricultura y bosques, pero se lo nombró vicepresidente en 2016 en una maniobra claramente orientada a que pudiera invocar la inmunidad diplomática.

La causa, que avanzó a partir de una investigación del Senado de EE. UU. sobre el papel de un banco estadounidense en el favorecimiento de la corrupción por parte de presidente de Guinea Ecuatorial y sus familiares, reveló que Nguema Obiang usó su función para robar fondos del país y volcar este dinero a mecanismos de blanqueo de capitales en Francia. Adquirió una mansión de 101 habitaciones en la exclusiva avenida Foch en París, así como una flota de automóviles de alta gama, objetos de arte, relojes, prendas de diseño y vinos de calidad a través de una red de sociedades.

La decisión de la corte convierte a Francia en el tercer país en recuperar activos de Nguema Obiang que deberán devolverse en beneficio de los ecuatoguineanos. El 20 de julio, Francia adoptó una ley que exige que los activos confiscados en casos de corrupción se restituyan al público al cual fueron robados.

En 2011, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó activos de Nguema Obiang por valor superior a USD 70 millones, y en 2017 Suiza incautó un megayate valuado en USD 100 millones y 25 automóviles de su propiedad. El Departamento de Justicia de EE. UU. llegó a un acuerdo extrajudicial en 2014 en este caso, luego de que Nguema Obiang aceptara renunciar a USD 30 millones, y la fiscalía suiza cerró su investigación en 2019, cuando Nguema Obiang se comprometió a entregar los automóviles, que más tarde se subastaron por USD 27 millones. En ambos acuerdos se estipula que los bienes entregados deberán restituirse al pueblo de Guinea Ecuatorial en su beneficio, pero hasta el momento ningún gobierno ha dado ese paso. El 23 de julio, el Reino Unido sancionó a Nguema Obiang imponiéndole la inmovilización de activos y la prohibición de viajar al país, sobre la base de la prueba que se presentó en estos casos.

El descubrimiento de petróleo en Guinea Ecuatorial durante la década de 1990 generó una inmensa riqueza que podría haber transformado la vida de los habitantes de este pequeño país centroafricano, si se hubiera usado para atender las obligaciones del gobierno en materia de derechos económicos y sociales. Lamentablemente, la corrupción sistémica y las maniobras de autofavorecimiento en gran medida han dilapidado ese potencial. El presidente está en el poder desde 1979 —es el jefe de Estado con más años en el cargo a nivel mundial— y mantiene un control absoluto del gobierno, sin ninguna tolerancia al disenso. Es muy poca, o directamente nula, la información presupuestaria que publica el país, y no hay transparencia en los procesos de contratación pública.

Los activos recuperados que deberán ser repatriados a Guinea Ecuatorial por los tres países podrían finalmente llevar a la población beneficios tangibles de la riqueza petrolera que, hasta ahora, solo ha gozado un reducido círculo político. Sin embargo, dado que Nguema Obiang sigue ocupando un puesto de poder y la corrupción en el país continúa siendo endémica, existe un alto riesgo de que esos activos no se usen debidamente una vez devueltos. Funcionarios de Guinea Ecuatorial han descalificado estos casos de corrupción como un intento neocolonialista por parte de gobiernos extranjeros de saquear los recursos del país, por lo cual es de crucial importancia que se asegure la independencia de los activos recuperados respecto de los gobiernos que los confiscaron.

A fin de garantizar la credibilidad y la integridad del proceso, Francia, al igual que EE. UU. y Suiza, deberían elegir meticulosamente los proyectos que recibirán financiamiento y desembolsar fondos a través de un mecanismo completamente transparente, independiente y con rendición de cuentas. El sistema debería observar los principios para la rendición de cuentas en la restitución de activos que formularon varias organizaciones de la sociedad civil, incluidas Human Rights Watch y EG Justice. Estos principios se basan en los consensuados por el Foro Global para la Recuperación de Activos, una iniciativa intergubernamental auspiciada por el Banco Mundial.

“Este caso, junto con los de Estados Unidos y Suiza, ha demostrado que el hijo del presidente aprovechó su posición de poder para arrebatarles derechos a los ecuatoguineanos, pero no se ha hecho lo suficiente para que rinda cuentas por sus acciones”, señaló Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice. “Los gobiernos extranjeros deben remediar esto y sancionar a Teodorín por corrupción”.

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